Actitudes frente a lo nuevo

Pocas veces pude encontrar un material que sintetice tan bien las sensaciones que puede generar lo nuevo.

¿A vos te pasó alguna vez?

Premio "Alfredo Pochat" a la mejor iniciativa ciudadana

La segunda edición del premio a la mejor iniciativa ciudadana ya tiene un ganador: una ONG con base en el barrio La Cava, San Isidro, que desde 2001 en forma voluntaria, trabaja con jóvenes de bajos recursos de la zona con énfasis en el acceso a la ciudadanía.

Jorge Álvarez, presidente del Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de las Políticas Públicas (IADEPP), fue de los más de 100 lectores que dejaron su proyecto en Plaza Pública. En esta segunda edición del premio, el jurado eligió su iniciativa para que las personas de bajos recursos, en particular niños y adolescentes, puedan acceder al Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los vecinos de La Cava esperan para recibir asesoramiento y sacar su DNI.

“Nosotros buscábamos crear un puente entre el Derecho escrito y el acceso al Derecho. Porque nos dicen que somos millonarios en derechos pero nunca sabés donde cobrar ese cheque”, afirma Álvarez.

No tener documento es mucho más que un trámite. Implica ser invisible para la sociedad y estar condenado a la “clandestinidad”...

Ser indocumentado es otra de las trabas para salir de la exclusión porque no permite anotarse en la escuela secundaria, tener un trabajo en blanco, operarse o seguir un tratamiento en un hospital o conseguir un plan social. La falta de un DNI puede además ser motivo de detención y aumentar las posibilidades de ser víctima de abusos, del tráfico de personas, o hasta de ser enterrado en una tumba como NN.

“Madres pobres sin documento traen aparejada más precariedad porque tampoco pueden inscribir a sus hijos, y esos chicos sin DNI no existen”, advierte Álvarez.

Aunque los menores indocumentados no parecen estar en la agenda pública, Álvarez destaca que “la provincia de Buenos Aires reconoce la gravedad del tema, al punto que habla de que, en el 2º y 3º cordón del conurbano, 2 de cada 10 menores no están inscriptos, lo cual significa que el problema se agravó en los últimos años, producto de la desintegración social. Estos datos son una bomba de tiempo hacia delante”.

Según un estudio del Ministerio de Gobierno bonaerense –que tiene medio centenar de delegaciones del Registro Provincial de las Personas que funcionan dentro de hospitales públicos provinciales y municipales en la provincia-, el 18% de las madres no anota en el Registro Civil a su bebé antes de irse del hospital y sólo se llevan una constancia de parto.

“Después de los 6 meses los trámites para sacar un DNI se vuelven más engorrosos tanto por la burocracia estatal como por las limitaciones que tienen estas personas de distintas índole, desde el costo del transporte y ciertos trámites, hasta la falta de información sobre los procedimientos”, sostiene Álvarez.

Según la ley 26.061 cuando una persona nace, “los organismos del Estado deben garantizar procedimientos sencillos y rápidos para que los recién nacidos sean identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su nacimiento” en el Registro Civil. Superado ese plazo, los padres deben acudir a una Defensoría pública. Si el chico tiene más de 6 años, la inscripción la tiene que ser autorizada por un juez.

Justamente, el IADEPP se ocupa de ayudar a estas personas a las que se les vencieron los plazos y desconocen los derechos a los que no pueden acceder por la falta del documento.

“La indocumentación muchas veces no es voluntad de la madre”, advierte Álvarez para quien el Estado no ofrece la ayuda necesaria para facilitar la inscripción. “En las oficinas estatales no dan lugar para la repregunta, si a una persona le falta un papel, tiene que volver a su casa, eso implica tomarse dos colectivos y, entonces, no vuelve más”, ejemplifica.

En otros casos los motivos son las cuentas pendientes con la Justicia. “Los adolescentes que tiene problemas con la Policía no quieren hace el trámite o ir al Defensoría por miedo a que los detengan. Pero nadie los puede privar de su identidad. Las cuestiones de la Justicia se resuelven en otro lugar, son dos ventanillas totalmente distintas”, reflexiona.

Para su sostenimiento, el IADEPP hizo alianzas con otras organizaciones y sus miembros pagan una cuota mensual con la que solventan el acompañamiento judicial de de las familias. Pero como la demanda aumenta y la plata nunca alcanza, se presentaron al Programa Alfredo Pochat con la idea de adquirir un sistema informático para organizar la documentación que se apila día a día en el espacio que les cede la Casa Galilea, en San Isidro, para funcionar.

“A cada persona que se acerca, le abrimos una carpeta y nos resulta imprescindible ordenar los papeles de alguna manera para facilitar un seguimiento personalizado y que cada uno de nosotros pueda dejar una anotación sobre el avance o novedad de cada caso. Hoy, en tres horas que atendemos un día por semana en La Cava, tenemos más de 100 consultas. Contar con un software propio va a ser un antes y un después”, afirma esperanzado.

Para acercar donaciones o ver el trabajo que realizan se puede contactar al IADEPP los viernes de 10 a 14 en Casa Galilea, Alvarado 1355, del barrio La Cava en San Isidro.

En San Fernando funcionan en la sociedad de fomento de Villa Nágera, Junín 2432.

Y en Avellaneda la Defensoría del Pueblo, Av. Mitre 2464.

Fuente: weblog Plaza Pública (Clarín)

Nota en el diario La Nación sobre la situación de los indocumentados

Indocumentados, la vida en la clandestinidad

Por distintos y variados motivos, miles de personas transitan por la vida como verdaderos NN, lo cual les impide ejercer derechos tan elementales como los del voto, la educación, el trabajo en blanco y la salud. En ocasiones, ni siquiera tienen acceso a los planes de ayuda social

Carina se siente un fantasma. Tiene 23 años y no puede anotarse para hacer el secundario, no vota, no puede recibir ningún plan social ni conseguir un trabajo en blanco. Ser una indocumentada la obliga a vivir en la clandestinidad.

Ella es una de las tantas personas que en nuestro país se las ingenian para sobrevivir pese a no tener una identidad ni formar parte de un sistema que tampoco les permite tener acceso a la salud, solicitar un pasaporte, abrir una cuenta corriente, obtener una licencia de matrimonio, créditos ni pensiones.

“Cada vez que tengo que ir a atenderme en un hospital público, primero tengo que hacer un trámite en la Municipalidad. Cuando quise anotar a mis hijos en la escuela tuve que decir que tenía el documento en trámite y me dejaron sólo porque presenté el de mi marido”, relata Carina a Comunidad en la casa de su madre, Juana, en las periferias de La Cava, San Isidro.

“No tengo empleo ni apoyo del Estado. Por suerte mi marido trabaja de armador oficial en las obras del Plan de Vivienda y parece que eso pinta para largo”, agrega. Su hermano, Gastón, de 29 años, también es indocumentado y por ese motivo tuvo que anotar a su hijo con el apellido de su mujer. Está preso y va a salir en libertad siendo un NN.

“Nadie del Servicio Penitenciario se ocupó de que durante el tiempo que estuviese adentro le brindasen una identidad”, protesta Juana.

Cuando una persona nace, sus padres tienen hasta 40 días para anotarla en el Registro Civil. Pasado ese tiempo, la inscripción está fuera del plazo legal y los padres deben solicitar la intervención a una defensoría pública. Cuando pasan más de 6 años, es un juez el único que puede autorizar la inscripción.

La historia de Juana está marcada por la marginación y el desconocimiento. Hoy, su único deseo es que sus hijos puedan tener una mejor calidad de vida. “Sé que la culpa es mía porque no los anoté cuando nacieron, pero hace más de 12 años que empecé a hacer los trámites para conseguirles su documento y todavía estamos esperando. Tuve que iniciar un juicio de inscripción en los tribunales de San Isidro, hasta que finalmente el juez falló a nuestro favor y dictaminó que tenían que darles su identificación a mis dos hijos. Se expidió un oficio que indicaba estos pasos por seguir, que supuestamente salió de La Plata, pero nunca llegó a San Isidro”, cuenta Juana, indignada, decidida a no abandonar su lucha contra la burocracia estatal.

Las principales causas que llevan a la indocumentación son varias. La ignorancia, la falta de voluntad y el miedo a ir al Registro Civil de los padres que tienen cuentas pendientes con la Justicia son las más comunes. Existe una profunda falta de información respecto de los procedimientos o desinterés sobre la importancia de la inscripción.

Por otro lado, la burocracia estatal y, según los indocumentados, la deficiente atención en los registros desalientan la inscripción. También se menciona que hay dificultades para acceder a los centros de tramitación por su lejanía e inconvenientes por la falta de documentación necesaria para el trámite de anotación.

“La indocumentación no pasa por una decisión de la mamá, sino por la desidia del Estado que no brinda las herramientas para que ellas puedan anotarlos. Hay un chico en un hospital público y le dan a la mamá un papelito para que vaya otro día al Registro para anotar al chico. Eso capaz le implica dos colectivos.

Y cuando llega, le dicen que le falta un papelito y no vuelve más”, asegura Jorge Alvarez, integrante de Casa de Galilea, que se ocupa de facilitarles los trámites a las personas necesitadas del barrio de La Cava para que puedan obtener su documento nacional de identidad (DNI).

Si bien no existen cifras oficiales a nivel nacional porque el censo no incluye una categoría para medir la cantidad de indocumentados, algunos estudios aislados y el trabajo de campo de las ONG reflejan un panorama del impacto de la indocumentación.

“Según nuestra experiencia, 2 de cada 10 menores de 18 años en el Gran Buenos Aires son indocumentados”, informa Alvarez.

El Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires dice que hay 50 delegaciones del Registro Provincial de las Personas que funcionan dentro de hospitales públicos provinciales y municipales en la provincia. Y, según un estudio que realizó, el 18% de las madres no anota a su bebe antes de irse del hospital.

“En 1999 comencé a trabajar con una escuela urbana marginal del barrio El Manantial, en Tucumán, donde más del 40% de los niños eran indocumentados. El motivo por el cual más de la mitad de adultos y niños de ese barrio no había sacado su documento fue por el costo de la foto. Hoy es distinto, porque el actual gobierno puso un Registro Civil gratis y simple donde no hace falta presentar certificado de pobreza”, cuenta Claudia Vega, integrante de la Red Solidaria Tucumán.

En nuestro país, el decreto 415/06 que reglamenta la ley N° 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes establece en su artículo 13 la gratuidad del otorgamiento del primer documento nacional de identidad a todos los niños, niñas y adolescentes nacidos en el territorio nacional. Sin embargo, como esta problemática ataca principalmente a las personas de barrios necesitados y distantes de los centros urbanos de las ciudades existen otros costos que desalientan la documentación. Todos los trámites vinculados con los procedimientos de inscripción continúan arancelados (renovaciones, duplicados). Deben sumarse los gastos de movilidad que conlleva la realización del trámite y el costo de las partidas, como el certificado de domicilio o de las constancias de residencia legal en los extranjeros.

“También influye bastante el sistema educativo, sobre todo los gabinetes, donde se les escapa la pelota. No se ocupan del tema cuando es su función. Entonces, el único medio para hacerlo es la Justicia, pero ese estadío asusta mucho, porque capaz hay un familiar que tiene problemas penales y prefieren ni acercarse”, agrega Alvarez.

Sin derechos
La falta de identificación enfrenta a las personas a una vida sin derechos y pierden su categoría de ciudadanos. En el caso de los niños, el maltrato, la violencia y la explotación infantil resultan las peores amenazas. Este desamparo puede convertirlos en protagonistas de un mercado clandestino que no vacila en incorporarlos a las drogas, la explotación laboral y la prostitución infantil.

El registro del nacimiento es la constancia oficial que da cuenta de la existencia de la persona a través del registro de su nombre, de sus padres (datos filiatorios) y de su relación con el Estado (su nacionalidad). “La desidia político-administrativa es la principal causa de la indocumentación. Desde el Estado no alcanza con la gratuidad, sino que deberían hacerse apuestas más fuertes.

Por ejemplo, organizar algo alrededor de la escuela y utilizarla como segunda instancia para chequear la universalidad. También es necesario apoyar acciones en el nivel comunitario, pero siempre, insisto, con énfasis en la escuela, para que sea un lugar privilegiado para lograr la documentación”, expresa Emilio García Mendez, diputado de ARI.

Muchas escuelas estatales inscriben a niños indocumentados con el afán de garantizarles el derecho a la educación. Sin embargo, encuentran varias trabas a la hora de tener que entregarles el certificado final de estudios.

En los hospitales públicos la situación es similar. Si bien se atienden urgencias y se realizan vacunaciones sin DNI, no se pueden efectuar tratamientos prolongados, como los de VIH, ni intervenciones complejas. “Nicolás tendría 14 años”, dice su madre, Susana, mientras camina por las calles de La Cava mirando el suelo embarrado. En febrero del año último venía en bicicleta con su hermano Willy cuando los atropelló un auto, Nicolás se golpeó la cabeza y falleció.

Como no tenía documento, lo enterraron como NN. Entonces, Susana, duelo mediante, comenzó con los trámites para darle una identidad y poder hacerle juicio al conductor. “Nunca le había hecho el DNI porque su padre no quería. Yo tenía la partida de nacimiento y pusimos todo en marcha.”

Después de muchas idas y vueltas hoy Nicolás tiene una identidad y el juicio está encarrilado. “Es un tema que no está en la agenda política de ningún candidato, principalmente por desconocimiento.

Existe una vinculación casi nula entre el mundo de la política y este tema. Lo que no llegan a ver, es que esta gente nunca consigue su status de ciudadano. La única persona que lo tomó fue Roberto Lavagna.

En los municipios, en general, los funcionarios no están preparados para afrontar esta problemática. Es un tema que nadie termina de entender. Además, también existe un mundo enorme de gente que tiene problemas con la documentación”, sentencia Alvarez.

Esteban, de 26 años, desconoce los motivos, pero desde que tiene memoria sabe que tiene adjudicado un número de DNI, aunque nunca tuvo la libreta. Por eso siempre sale con su partida de nacimiento. Hace unos meses lo paró Prefectura y a los agentes les resultó sospechoso que no tuviese su DNI. “Me empezaron a preguntar de todo porque pensaban que era un delincuente y no me quería identificar. Yo les decía que ése era mi número de DNI, que me llamaba Esteban y trabajaba en la estación de servicio de acá la vuelta hacía 10 años. Me dijeron que ese número correspondía a una persona en Salta y yo no entendía nada. Me tuvieron desde las 22 hasta las 4.”

A partir de ese incidente, Esteban empezó a moverse hasta conseguir un turno en el Renaper para obtener su libreta.

“Ahora, por las dudas no me muevo de mi barrio porque si tuve problemas con la cana acá, imaginate si me paran en la Capital Federal”, agrega.

Inmigrantes
Catalina tiene 44 años, es boliviana y vive con su hija. Hace bastante que padece una diabetes avanzaday en el Hospital Municipal de San Isidro no la querían atender por indocumentada y la asustaban diciéndole que la iban a deportar. Como no recibió la atención adecuada, finalmente terminó perdiendo la visión a causa de su enfermedad. Tiempo después consiguió su DNI, pero ya era tarde.

Por casos como el citado, el gobierno argentino puso en marcha el programa Patria Grande, destinado a regularizar la situación migratoria de los extranjeros nativos de los países del Mercosur y de estados asociados.

Orlando Ventura Vilca tiene 29 años y llegó hace cuatro a nuestro país junto con su mujer. Es uno de los bolivianos que trabajaba en el taller clandestino de Chiqui, que tanta repercusión tuvo a fines de 2006. “Al no tener documento no puedo trabajar en blanco. Entonces, tengo que dedicarme a hacer changuitas de costura y te pagan en negro”, cuenta.

Tiene dos hijas argentinas de 3 y un año y medio, a las que pudo inscribir a pesar de que ni él ni su mujer tienen DNI. Viven en la Villa 20 de Lugano y no reciben ayuda alguna del Gobierno. “Lo único que quiero es trabajar. Cuando fue el incendio me fui a Bolivia para ir a buscar toda mi documentación y poder sumarme a Patria Grande.”

Requisito que ayuda
Al tener que presentar documentos para poder acceder a planes sociales, mucha gente regularizó su situación o trata de hacerlo. Por otra parte, desde 2001 está vigente el Programa de Derecho a la Salud para niños solos e indocumentados.

Con la supervisión de la Asesoría Legal y Técnica del Consejo y la permanente articulación con la Dirección de Hospitales y el cuerpo de abogados de la Secretaría de Salud se realizan visitas institucionales para el seguimiento del programa en los hospitales.

En tanto, el gobierno bonaerense informó que está instrumentando varios programas para garantizar el derecho a la identidad tanto al recién nacido como a la población infantil en general.

Siempre según la información del gobierno bonaerense, se lanzó un nuevo certificado de parto con medidas de seguridad para proteger la identidad de los bebes en la provincia, se abrió una oficina específica para atender a niños que residen en institutos de menores, confines asistenciales y también penales, se instrumentó en el partido de Carlos Tejedor el programa Un niño, un árbol.

Este programa contempla que por cada chico que nace en el distrito se planta en cualquiera de los espacios públicos del lugar un árbol que lleva una placa con el nombre de la criatura.

Actualmente se está realizando un relevamiento de la situación documentaria de la población infantil en los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada.

El trabajo, informó el gobierno bonaerense, continuará en toda la provincia. La tarea se realiza junto con el Ministerio de Desarrollo Humano y la CTA provincial. Los datos servirán para poner en marcha operativos de documentación

Fuente: Micaela Urdinez de la Fundación Diario LA NACION. Ver nota original